En la zona metropolitana de Puebla, el agua ha sido tratada durante años como una mercancía sujeta a la lógica del mercado y no como un derecho humano. La concesionaria Agua de Puebla, encargada de la administración del servicio, ha incurrido en deficiencias sistemáticas, entre ellas el aumento de tarifas en 2025 y el incumplimiento de inversiones clave en infraestructura y mantenimiento, que estaban comprometidas por un monto aproximado de 300 millones de pesos. A ello se suma la incertidumbre generada por la posible venta de la empresa a Malvina’s Water, una firma de origen filipino interesada desde 2025 en adquirir el 75 % de las acciones de la concesionaria.

Dicho lo anterior la iniciativa del Gobierno del Estado de Puebla por adquirir un porcentaje de la concesionaria cobra relevancia. Aunque la compra total de la empresa por parte del Estado representaría un esfuerzo financiero considerable, es importante reconocer el intento del gobierno de Alejandro Armenta por adquirir una participación mayoritaria en Agua de Puebla.

Una operación financiera estimada en 5 mil millones de pesos no solo significaría recuperar el control del servicio, sino también restituir el carácter público del agua, colocándola nuevamente bajo un enfoque de humanismo mexicano, donde el bienestar de las personas esté por encima del lucro privado.

Desde 2014, los gobiernos panistas cometieron el error de confundir eficiencia con privatización, permitiendo que el acceso al agua quedara sometido a

intereses empresariales. Hoy, la ciudadanía paga las consecuencias de decisiones tomadas por una élite política que se benefició de este modelo.

La discusión sobre el futuro de Agua de Puebla no es solo financiera, sino profundamente política y social. Recuperar el control público del agua es un paso necesario para garantizar que este recurso vital deje de ser un negocio y vuelva a ser lo que siempre debió ser: un derecho para todas y todos los poblanos.

El Agua No Es Una Mercancía