La gestión de entornos urbanos funcionales y sostenibles. Estas problemáticas impactan directamente en los ejes de desarrollo de cada ciudad, por lo que la planificación urbana resulta fundamental para construir ciudades que respondan a las necesidades de la ciudadanía y a su entorno.

En este sentido, la planificación debe incorporar de manera integral la movilidad y accesibilidad, la existencia de espacios públicos dignos y de calidad, la sostenibilidad ambiental y, de forma prioritaria, la seguridad, la cual guarda una relación directa con la percepción ciudadana y con la incidencia de delitos menores como el robo y el asalto, además de ser un factor clave para garantizar entornos seguros para mujeres, niñas y niños.

Si bien el tema es amplio, desarrollaré esta reflexión en diversas entregas, con el objetivo de clarificar las distintas áreas en las que considero posible avanzar desde un proyecto municipalista, con mayor responsabilidad institucional y un conocimiento profundo del entorno urbano.

Durante décadas, la ciudad de Puebla ha experimentado un crecimiento desordenado de la densidad poblacional, lo que ha provocado la expulsión de los sectores más vulnerables y precarizados hacia la periferia. Lejos de garantizar la cobertura de necesidades básicas como agua potable, drenaje, electricidad, pavimentación y transporte, el Estado ha brillado por su ausencia en amplias zonas de la ciudad.

Esta situación permite identificar uno de los principales problemas en colonias del sur y norte de la ciudad, como Castillotla, Playas del Sur, San José Los Cerritos y Barranca Honda: la falta de regularización del uso de suelo. En esta ocasión no me concentraré en los mecanismos de obtención del territorio, sino en la problemática actual que enfrentan miles de familias debido a la controversia jurídica sobre el uso de suelo.

Ante la ausencia de planeación, miles de familias construyeron sus viviendas en suelo irregular, fuera de los marcos normativos del suelo urbano. Esto derivó en un conflicto estructural, la imposibilidad de cambiar el uso de suelo, ya que la autoridad municipal, legalmente, no puede suministrar los servicios básicos en estas condiciones. En el caso de viviendas asentadas en ejidos de propiedad federal, las familias quedan en un limbo jurídico que las condena a una exclusión institucional sin salida.

Esta situación precariza el entorno urbano y genera la ausencia de otras funciones esenciales del Estado, como el acceso a educación, salud, suministros básicos y transporte público, llevando a la población periférica a escenarios de informalidad laboral, empleos mal remunerados y, en algunos casos, al incremento de actividades delictivas. Estos efectos serán abordados en futuras entregas.

Regresando a la problemática central, una solución viable son las campañas federales de regularización del uso de suelo, que han comenzado a implementarse en distintas regiones del país bajo el gobierno de Claudia Sheinbaum, iniciando en el Estado de México, donde la situación es particularmente crítica.

Para lograr avances sustantivos, es indispensable que los municipios se coordinen con los gobiernos estatales y con la federación, con el fin de construir una planeación urbana coordinada, técnica y de largo plazo, apoyada en equipos especializados en urbanismo, eficiencia de servicios y sostenibilidad ambiental, elementos indispensables para el futuro de las grandes ciudades.

Parte 1: Ordenar la ciudad para garantizar derechos